Los investigadores del Centro de Estudios del Desarrollo Local, Regional y Políticas Públicas, CEDER, de la Universidad de Los Lagos, Sede Santiago, Dr. Gonzalo De la Maza y Dr. Juan Pablo Paredes, expusieron en el IX Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, realizado en Montevideo Uruguay, entre el 26 y 28 de julio de este año, encuentro que para esta versión planteó la pregunta: “¿Democracias en recesión?”
En el evento, que es coorganizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, los investigadores de nuestra Casa de Estudios participaron, de manera individual, en el grupo de trabajo Nº1 denominado “Actores sociales: sindicatos, grupos de interés y movimientos sociales”.
El día miércoles 26, en una mesa dedicada a revisitar los conflictos sociales en Chile, denominada “Las variadas relaciones entre actores colectivos y política institucional en Chile”, el Dr. Paredes expuso un adelanto de su investigación Fondecyt Postdoctorado N° 3170504.
La ponencia titulada “La Educación superior como problema público: de la movilización por la educación pública a la arena de la gratuidad”, presentó –a partir de los fundamentos de la sociología de los problemas públicos– el itinerario del conflicto estudiantil desde el escenario de lucha callejera impulsado por las manifestaciones estudiantiles de 2011, al actual escenario de institucionalización del conflicto dado por la discusión sobre la gratuidad en la educación superior.
El Dr. Paredes explica que el escenario de “lucha” por una educación pública gratuita de calidad se trasladó a lo que en este último tiempo se conoce como la arena o el problema de la gratuidad, particularmente.
“Donde el problema ya no se traza en la calle y los estudiantes no son los dueños del problema, no son los que lo definen, sino que pasó a una vertiente institucional, y en esta última instancia a discutirse en el Parlamento”, precisa.
El investigador recalca que, por tanto, “diferentes actores –ya no solamente los estudiantes– como el Gobierno, los rectores de universidades públicas como privadas, los dueños de los colegios, los deudores de los créditos, o cualquier actor que se vea involucrado, de alguna manera intentan redefinir alguna arista importante para sus propios intereses del conflicto”.
En esa línea, el Dr. Paredes puntualiza que cuando el conflicto pasa al programa de Gobierno y después al plano institucional, “es decir, a una ley, se reduce su significado, y la demanda se reduce a la gratuidad, entonces, lo que estamos discutiendo hoy día es la gratuidad”.
El experto acota que “en última instancia esto significó que la gratuidad pasara por el cedazo de la mercantilización de la educación, y hoy en realidad sea una beca de gratuidad, es decir, una gratuidad vía bouchers o un subsidio de la demanda, lo que significa de alguna manera trasvestir la demanda de los estudiantes desde un derecho a una lógica mercantil”.
Conflictos socio-territoriales en América Latina.
Por su parte, el Dr. De la Maza, expuso el día 27 en la mesa “Movimientos sociales en América Latina (III): conflictos locales”, donde presentó la ponencia “Consecuencias políticas de los conflictos locales en América Latina. Conceptos y perspectiva comparada”.
El trabajo es resultado de la investigación Fondecyt Regular N° 1151215, denominada “Lo que los conflictos producen: configuraciones y dinámicas de conflictividad socio-territorial en Chile y sus consecuencias en la política pública y los territorios”.
El investigador presentó al auditorio un adelanto de las conclusiones del proyecto así como las líneas de continuidad con futuras investigaciones en relación a los problemas y alternativas que abre el estudio de los conflictos socio-territoriales tanto para la elaboración de políticas públicas como para la configuración territorial misma, en países como Colombia, Bolivia, Perú y Chile.
“Los conflictos de origen socio-territorial nacen del territorio, son protagonizados por actores del territorio y tienen demandas que se resuelven ahí, pero al mismo tiempo se politizan, eso significa que intervienen otros actores que no son del territorio”, explica el Dr. De la Maza.
Agrega que “aunque haya demandas locales, como por ejemplo, producto del conflicto entre una central hidroeléctrica y la comunidad aledaña, también hay, a veces, demandas sobre cambios de normativas o creación de instituciones, es decir, llegan más allá”.
En ese contexto, el experto aclara que después de los conflictos, por lo general, hay consecuencias. “Hay dos áreas de efectos o consecuencias: las políticas institucionales, es decir, a nivel nacional, o más allá del territorio; y efectos o consecuencias locales, que pueden ser en la política local, por ejemplo, que surjan nuevos liderazgos”, plantea.
Finalmente, El Dr. De la Maza subraya que estos efectos no son directos.
“Son acumulativos, como por ejemplo, lo que sucede en Tiltil, que se transformó en un problema político nacional; y son combinados, es decir que se combinan con cuestiones de otro orden, y son cambios mayores, como cambios de las estrategias de las empresas, o en el comercio internacional que exige cumplir cierta normativa, o también oportunidades políticas, como el conflicto en Valdivia de Celco con los cisnes, donde el Presidente Lagos cerró la planta cuando justo en ese momento estaba la misión de la OCDE en Chile revisando el cumplimiento de normas ambientales, entre otros temas”.
Cabe señalar que la actividad se realizó tanto en la Universidad de la República como en la Universidad Católica del Uruguay, y reunió a investigadores de todo el globo que formaron un total de 22 grupos de trabajo.
